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"Nunca Más" Informe de la CONADEP


Archivo histórico
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Prólogo del informe de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, conocido
como “Nunca Más”
Septiembre de 1984
Ernesto Sabato
Fuente
Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Buenos Aires, La
Página, 2006.
2
Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que
provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda,
fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia,
que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las
formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa
nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para
combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales
ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en
juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los
servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un
detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables:
«Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la
tortura».
No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las
Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el
combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y
la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a
miles de seres humanos.
Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los
jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en
el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber
recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o
determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y
de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la
certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de
nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia
la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y
registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse
como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa
humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los
principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías
erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron
pisoteados y bárbaramente desconocidos.
Son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la
persona a través de la historia y, en nuestro tiempo, desde los que
consagró la Revolución Francesa hasta los estipulados en las Cartas
Universales de Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo.
Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra propia, estatuyeron en
sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los
más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la vida, el derecho a
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la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir
condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución
sumaria.
De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los
derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la
represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino
sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e
idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo
a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo
podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola
cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y
medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de
«excesos individuales»? De nuestra información surge que esta tecnología
del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si
nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida
pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la
delegación argentina, General Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de
1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes
escritas de los Comandos Superiores». Así, cuando ante el clamor universal
por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los
«excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia», revelaban una
hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los
espantos planificados.
Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces
en los lugares de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a la luz del
día, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que
ordenaban «zona libre» a las comisarías correspondientes. Cuando la
víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados
rodeaban la manzana y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y
niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se
apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la
encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras
el resto del comando casi siempre destruía o robaba lo que era
transportable. De ahí se partía hacia el antro en cuya puerta podía haber
inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno:
«Abandonad toda esperanza, los que entráis».
De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres
humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar
una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra –¡triste
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privilegio argentino!– que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del
mundo.
Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes
exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se
tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían
oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los
desconocía y los habeas corpus sólo tenían por contestación el silencio. En
torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado,
jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de
una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas,
meses, años de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos
pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de
gestiones innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de
alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes,
a comisarios. La respuesta era siempre negativa.
En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el
oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en
aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo
sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar
el horror: «Por algo será», se murmuraba en voz baja, como queriendo así
propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a
los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos sin embargo vacilantes,
porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin
fondo sin ser culpable de nada; porque la lucha contra los «subversivos»,
con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había
convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el
epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el
delirio semántico, encabezado por calificaciones como «marxismoleninismo
», «apátridas», «materialistas y ateos», «enemigos de los valores
occidentales y cristianos», todo era posible: desde gente que propiciaba una
revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para
ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que
luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido
miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la
dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones
sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las
enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de
ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por
venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría
inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes
de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el
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enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos
a manos de los represores.
Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos;
privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares
desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino
mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con
bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres que sin
embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura
humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su
hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público; seres
no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y
quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna
descabellada esperanza.
De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos
abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de nueve mil.
Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque
muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a
represalias. Y aun vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas
del mal.
Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su
momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy
ardua, porque debimos recomponer un tenebrosos rompecabezas, después
de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado
deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y
hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las
denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron
salir del infierno y aun en los testimonios de represores que por oscuras
motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían.
En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por
los que cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse, vuelven a
repetir las consabidas razones de «la guerra sucia», de la salvación de la
patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente
fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de
represión. Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar
los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así: no estamos
movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo pedimos la
verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de
distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino
después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se
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